Interesante

Loading...

lunes, 14 de febrero de 2011

Colombia: del Estado de bienestar al modelo neoliberal

Colombia: un modelo de Estado que ha combinado elementos propios de un Estado de bienestar con los del modelo neoliberal. 

El modelo de Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política es un Estado Social de Derecho, el cual se caracteriza por ser democrático y por el reconocimiento de derechos individuales y colectivos (económicos, sociales, culturales), y de la propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en todos los niveles.

Bajo esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de proveer una serie de bienes y servicios públicos, no con el sello del asistencialismo característico del Estado de bienestar, sino desde la perspectiva de un nuevo enfoque de gobernabilidad donde la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada son primordiales para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

En este sentido, encontramos en el caso colombiano un modelo de Estado que ha combinado elementos propios de un Estado de bienestar con los del modelo neoliberal. 

De esta manera, el Estado colombiano contempla algunos derechos protegidos por la Constitución Política y la ley, los cuales corresponden a servicios y bienes públicos, como son: la educación, la vivienda digna, la salud, la seguridad social, la asistencia sanitaria y el acceso a los recursos culturales, entre otros.

De acuerdo con el modelo neoliberal l
os servicios del Estado deben limitarse a la educación, a la salud, a la seguridad, control policial y a la justicia. Sin embargo, aunque el Estado asegura la protección social, en la caso colombiano se ha entregado a la empresa privada la provisión de servicios públicos esenciales tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación, construcción y mantenimiento de vías y la prestación de servicios públicos domiciliarios, entre otros, bajo el precepto neoliberal de que las organizaciones públicas son ineficaces e ineficientes y de que la empresa privada puede garantizar de mejor manera la provisión de estos bienes y servicios.

No obstante, personalmente pienso que algunos servicios como la educación, la salud y la construcción, el mantenimiento y administración de la infraestructura vial del país, deben prestarse preferencialmente por el Estado, aun cuando se utilicen sistemas mixtos en el mercado. Y todos los demás bienes deben ser provistos por el mercado, pero con un régimen regulatorio fuerte que le permita al Estado ejercer un control sobre su prestación.

En este orden de ideas, en Colombia hay una gran cantidad de bienes y servicios que podrían ser ofrecidos por la iniciativa privada en razón a la naturaleza misma del Estado, que no debe ser productor de bienes industriales, ya que la empresa privada posee la infraestructura, la tecnología, los sistemas y el conocimiento adecuado y suficiente para producirlos en condiciones de eficiencia (técnica y económica), tal es el caso de bienes como los servicios públicos domiciliarios, alimentos, bienes intermedios, industriales, industria petroquímica y otros. Es necesario tener en cuenta que muchos servicios públicos deben seguir en manos del Estado como la justicia, la seguridad, la educación, la salud, entre otros. Igualmente, debemos considerar que la ineficiencia estatal existe, no por el hecho de ser estatal, sino por falta de voluntad política y de actitud ética de parte de algunos gerentes públicos. Esta es una realidad que no podemos desconocer.

En cuanto a los beneficios de la vinculación del sector privado a la provisión de bienes y servicios públicos, es evidente que son muchos los casos en que es más económico "tercerizar" un servicio -mediante outsourcing, por ejemplo-, que producirlo. La empresa privada al responder a la racionalidad del mercado está obligada a producir productos de calidad para satisfacer necesidades y expectativas de los clientes, a precios razonables. Recordemos que dos factores claves de competitividad son calidad y precio.

En conclusión, considero que el Estado debe asumir directamente la provisión de bienes públicos como salud, educación, infraestructura vial, etc.; dejando a la iniciativa privada la producción de los demás bienes, pero con una regulación fuerte que impida los abusos generados en el afán de lucro de la empresa privada.

Sin embargo, bajo el modelo neoliberal los derechos fundamentales establecidos en la constitución política colombiana, entre ellos la salud y la educación pasan a ser administrados por corporaciones, organizaciones y empresas del sector privado, desplazando así la responsabilidad pública del Estado. En esta misma tónica la Ley 100 de 1993, encomendó la mayor parte de la seguridad social al sector privado. En la práctica, la prestación de servicios de salud en Colombia, responden al modelo híbrido que incorporan los enfoques intervencionista y neoliberal que ya mencionamos.

En este esquema el Estado mantiene su rol de coordinador y controlador, mediante organismos como: El Ministerio de la Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud-CRES- que por Ley 1122 de 2007 sustituyó al Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), y la Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a los actores del sistema. La CRES define directrices sobre el POS, la UPC y el esquema tarifario básicamente mientras que el CNSSS es ahora asesor del Ministerio de la Protección Social en lo relacionado con otros aspectos del Sistema.

Por su parte, los aseguradores son entidades públicas o privadas que aseguran a la población, actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado y los prestadores de los servicios de salud. Son las empresas promotoras de salud (EPS) las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las aseguradoras de riesgos profesionales (ARP).

Y, finalmente, los prestadores son las instituciones que prestan el servicio de salud (IPS), y son los hospitales, clínicas, laboratorios, etc. que suministran todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad.

De acuerdo con la experiencia colombiana, en las actuales condiciones del mercado es muy difícil que se puedan armonizar cabalmente los conceptos de rentabilidad privada con el propósito de aumentar la eficacia de los bienes y servicios públicos mediante aumentos de la cobertura y mejora de la calidad de los mismos, debido especialmente a la debilidad de la vigilancia y control que aplica el Estado.

En este orden de ideas, según datos de la Procuraduría General de la Nación[1] en Colombia se presentan unas 80.000 tutelas al año en exigencia de la protección del derecho a la salud, lo que indica la violación sistemática de este derecho fundamental, por parte de las empresas responsables. En la práctica, la Ley 100 presenta problemas muy serios de inequidad, focalización y calidad del servicio de salud. Es claro que todavía hoy no se ha logrado la universalidad propuesta en 1993, pues hay muchas personas que no logran acceso al sistema, sea porque no están aseguradas,  o porque cuando requieren atención médica no logran el correspondiente servicio. Además, persisten problemas de inequidad, como lo demuestran, entre otros factores, la subsistencia de la diferencia en los contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS) para el régimen contributivo y el Plan Obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado (POS-S).

El caso de la educación es menos dramático, pero igualmente, el sistema colombiano responde a la racionalidad del mercado, con subsidios a la demanda, por ejemplo, mediante planes becarios.

Igualmente en la práctica, la educación pública en Colombia muestra una tendencia neoliberal por parte del gobierno, lo que se evidencia en el interés de los diferentes gobiernos que vienen desde los noventas, de capacitar en educación técnica y tecnológica, reducir los recursos a la educación superior, aumentar la financiación de la educación tecnológica a través del ICETEX, la concurrencia de las universidades estatales al saneamiento del pasivo pensional, disminuir la duración de los programas de pregrado de las facultades de Ciencias Humanas y permitir la oferta de programas universitarios en el mercado. Estas políticas demuestran la aplicación del modelo neoliberal sobre la educación, lo que a la postre podría producir la insostenibilidad de las universidades públicas.

Ahora bien, partiendo de la racionalidad económica del modelo neoliberal, donde la preeminencia la posee la lógica del mercado, nuestros sistemas de salud y educación en Colombia dependerían en gran medida de los incentivos otorgados a la iniciativa privada. Estos incentivos a los que tienen derecho justa y legítimamente los empresarios de estos sectores, se terminan convirtiendo en instrumentos perversos que desvirtúan la esencia de los servicios que han de satisfacer las múltiples necesidades sociales, ya que en el afán de obtener mayores beneficios económicos se termina sacrificando la calidad de los servicios prestados, tal como nos demuestra la evidencia empírica en el caso colombiano.

Valga recalcar que el concepto costo-beneficio es el que prima en el modelo de salud en Colombia, caracterizado por las pingües ganancias de los empresarios del sector. 

En este sentido, en el caso colombiano existe una debilidad manifiesta de los diferentes gobiernos con relación a la capacidad de la empresa privada para "capturar al Estado". Esta debilidad es más evidente en el plano de la política, ya que es un secreto a voces la existencia de grandes "empresas electorales" que actúan bajo la racionalidad del costo/beneficio, sesgando toda la acción estatal y su esencia, las políticas públicas. De manera que, además, de ser perjudicial el modelo neoliberal, desde el punto de vista estructural, el problema se agrava más con las actitudes de los gobiernos de ser permisivos con los abusos de empresas y agentes privados. Y lo que es peor, que muchos se ponen al servicio de estos intereses.

Con relación al mismo sistema, es un hecho irreversible la aplicación de un esquema neoliberal en las relaciones económicas, pero, los gobiernos deben fortalecerse y mantener la capacidad, no solo para controlar la economía privada, sino para intervenirla con políticas fuertes que garanticen el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Con respecto a restricciones fiscales para la aplicación del gasto social en educación y salud, es de conocimiento público que el Congreso de Colombia aprobó un presupuesto de 147,3 billones de pesos (unos 81.833, 3 millones de dólares), para el gasto público del próximo año y que los rubros con más recursos son la salud, educación y defensa.

Sin embargo, según la revista Poder 360º[2], antes de la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2011, se aprobaron partidas adicionales para la salud por $1,2 billones, que no resuelven sino una parte del problema. De acuerdo con este medio, el Gobierno está estudiando echarle mano a una parte de los recursos de las regalías para el sector, una propuesta que se ve más enredada por la oposición de las regiones. 

Uno de los problemas más graves es el costo de los tratamientos y medicamentos que no están incluidos en el POS y que para este año ascenderán a $2,5 billones, es decir, un déficit mensual para el sistema de $100.000 millones (Ibid). 

El crecimiento de estos costos está relacionado, en gran parte, con los fallos de tutela que interponen los pacientes ante los jueces. Si bien muchas demandas son indispensables y justificadas, otras se exceden. Ese es el caso, según Acemi, de la hormona de crecimiento que muchos médicos recetan a sus pacientes y que al año cuesta alrededor de $80.000 millones, cuando en el país hay tanto por resolver, como el hecho de que Colombia tiene déficit de médicos, enfermeras y camas hospitalarias. El ministro de Protección Social reconoce que los recobros por no POS son muy elevados, pues con estos mismos recursos —$2,5 billones— se podrían atender a $350.000 personas o afiliar a otros 8 millones de colombianos en el régimen subsidiado.

Con relación al estudio de los temas del módulo de economía pública, debo decir que como profesional en ciencias económicas y administrativas, el conocimiento sobre los diferentes modelos que orientan las políticas económicas y sociales en cualquier país del mundo, y de manera especial en el nuestro, nos facilitan la comprensión de los procesos que se han vivido en Colombia en estos aspectos. Desde el punto de vista laboral, dado mi rol como auditor de la Contraloría General de la República, este conocimiento me capacita y fortalece en mis competencias para desarrollar apropiadamente las actividades de evaluación de estos importantes sectores. Desde la perspectiva social he obtenido una gran sensibilización sobre la problemática pública colombiana en diferentes temas relacionados con bienes y servicios públicos. 

Además, el estudio de la economía política y de la economía pública son fundamentales para la comprensión del funcionamiento de las organizaciones públicas y de su contexto en general, caracterizado por la complejidad y la rapidez del los cambios que se producen. Por demás, la comprensión de los conceptos y  las teorías económicas nos ayuda a entender cómo funciona el mundo y como el Estado colombiano y el sector público se insertan en el sistema global.

2 comentarios: