Oscar Felipe Pardo Ramos, Julio 2011
INTRODUCCIÓN
«Dijo el perro al hueso: si tú estás duro, yo tengo tiempo»
Anónimo
La corrupción administrativa es un tema que ha llamado la atención de la sociedad colombiana de manera creciente en las últimas décadas, lo que puede ser explicado, en parte, por el enorme impacto social, económico y político de los escándalos que aparecen de manera recurrente en el país y, especialmente, al poder amplificador de los medios de comunicación.
Sin embargo, a pesar de su enorme importancia, hasta hace poco no parecía ser un tema de gran preocupación de los gobernantes colombianos y mucho menos de la academia. En este sentido, se observa que solamente a partir de la década de los sesentas se adelantaron estudios serios y documentados al respecto, principalmente en Estados Unidos, mientras que en nuestro país, solo desde los noventa se ha hecho lo propio[1].
En la actualidad el tema de la corrupción está presente no solo en los medios sino en las conversaciones cotidianas de la población colombiana, tal vez porque cada día aparecen noticias nuevas, algunas de ellas que son verdaderos sucesos mediáticos. En este orden de ideas, casos como el denominado «carrusel de la contratación» en Bogotá, la desviación de los recursos del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y el de la defraudación a los recursos de la salud, no solo han sido noticias de primera plana, sino que han generado cierto cambio de actitud en la sociedad colombiana, pasando de la indiferencia o las actitudes complacientes hasta el rechazo a tales acciones y el interés de la administración por la formulación de políticas públicas anticorrupción cada vez más complejas y específicas. Como se sabe, los casos más sonados involucran no sólo a funcionarios gubernamentales sino también a representativos miembros de la clase política y empresarial del país.
- SOBRE EL SIGNIFICADO DE CORRUPCIÓN
Entre los investigadores y en la literatura especializada sobre el tema se evidencia que no existe una definición unánime del término corrupción[2]. Para algunos autores, la corrupción tiene un significado bastante amplio que incluye aspectos de la conducta individual con poca o nula relación con el servicio público, mientras que otros la adhieren a ciertas prácticas asociadas a la política y otras actividades humanas. No obstante, en la bibliografía principal sobre el tema, se encuentran definiciones con distintos énfasis[3], aunque todas, por lo general, coinciden en las connotaciones ética y axiológica.
Desde la semántica, el término corrupción significa putrefacción. Según Caiden[4] lo putrefacto es algo degradado, que ha pasado de un estado normal a una forma inferior, viciada o descompuesta; aplicado a la gestión administrativa, evoca la idea de prácticas irregulares que degradan la efectividad y la eficiencia de los sistemas organizacionales y, por ende, los intereses de los administrados.
Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española[5] señala entre sus acepciones: «en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores».
Una definición reconocida por los tratadistas sobre el tema la ofrece Nye[6] «Corrupción es el comportamiento que se desvía de las funciones naturales del cargo público para atender intereses privados (familia, círculo de amigos), obtener ganancias pecuniarias o posición social, o violar las reglas en aras de oponerse al ejercicio de algunos tipos de influencia privada».
Otras definiciones modernas igualmente interesantes y explicativas son:
- «La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado[7]».
- «La corrupción se describe como toda aquella acción u omisión del servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos, o de posición social, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información privilegiada, influencias u oportunidades[8]».
De las definiciones anteriores y, pese a sus diferencias, pueden extraerse algunos rasgos comunes en las ideas esenciales, tales como: la intención del servidor público de obtener provecho de la decisión que tome; en muchos casos existe un acuerdo entre dos o más partes y, por lo menos, una de éstas detenta una posición de poder que le permite tomar la decisión; igualmente, al menos una de éstas pretende beneficiarse, aunque por lo general se benefician todas; y, además, los actores tienen conciencia de la violación de normas o de valores.
Ahora bien, hay quienes tienen percepciones bastante distintas, no solo sobre el significado de corrupción, sino sobre los impactos del fenómeno en la sociedad en general. En este sentido, se ha dicho que la corrupción es una forma de redistribución del ingreso en los países o regiones con bajo nivel de desarrollo; que es, así mismo, necesaria para la financiación de los partidos políticos y que genera un efecto dinamizador de la administración al constituirse en una salida frente a las rigideces presentadas por la burocracia y la tramitomanía de la administración pública[9]. En otros casos, se da una curiosa interpretación del fenómeno: hay quienes afirman que la lucha anticorrupción en América Latina arroja tan magros resultados porque la corrupción es un problema con raíces «genéticas», dando a entender que por ser la mayoría de los hispanoamericanos actuales descendientes de inmigrantes españoles, advenidos en las épocas de la conquista y la colonia, y quienes eran delincuentes incorregibles, recibimos la curiosa herencia de sus genes «degenerados»[10].
2. ANTECEDENTES EN COLOMBIA
En la administración pública colombiana se tiene conocimiento de que las prácticas corruptas fueron frecuentes desde el inicio de la República. Tanto Santander en 1819[11], como Bolívar en 1824[12], en calidad de presidentes, promulgaron sendos decretos en los cuales se condenaba a la pena capital a los funcionarios corruptos. Entre las razones de estas drásticas medidas se observan, en el caso del decreto de Bolívar:
«1. Que una de las principales causas de los desastres de que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han intervenido en ellos; 2. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias…»[13].
De acuerdo con la evidencia, el primer considerando del decreto de Bolívar tiene plena vigencia, pues los créditos contraídos para la independencia -según Álvaro Tirado Mejía[14] -terminaron de cancelarse en 1975, casi doscientos años después por las condiciones leoninas en que fueron contraídos.
En este mismo sentido, y solo para recordar casos recientes (algunos ya casi olvidados por la memoria colectiva) se pueden mencionar los siguientes[15]: la defraudación de Foncolpuertos por cifras superiores a los $4 billones; pérdidas en el Instituto de los Seguros Sociales por más de $3 billones; pérdidas de la Banca Estatal solo en tres entidades como la Caja Agraria, el Banco del Estado y el BCH por $400.000 millones; los sobrecostos de El Guavio por $2.053 millones de dólares y del Metro de Medellín por $1.247,4 millones de dólares; la escandalosa conciliación del Ministerio de Transporte con Dragacol por $26.000 millones, siendo la deuda real de unos $ 4.000 millones; dilapidación de más de $ 3.000 millones de dólares en la venta de las electrificadoras de la Costa Atlántica; apropiación de $120.000 millones en Caprecom; recursos sustraídos del Plan Torniquete por $ 25.000 millones; entre 2002 y 2005 Cajanal perdió más de $500 mil millones por fraudes en el manejo y asignación de pensiones.
De la misma manera, se han producido hechos más recientes con tanta trascendencia y gravedad como el proceso 8.000, entre ellos el caso de la contratación en Bogotá (o caso Nule), todavía por cuantificar pero que podría alcanzar una cifra cercana a los $500.000 millones; las llamadas «chuzadas» del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señalado de interceptar las líneas telefónicas y los correos electrónicos a diferentes personajes públicos; un director de Fiscalías de Medellín (Antioquia), y hermano del Ministro del Interior y de Justicia, quien compartía información de reserva con empresarios y delincuentes; un Director del DAS entre los años 2002 y 2005, acusado de tener vínculos con grupos paramilitares; los casos de Carimagua y Agro Ingreso Seguro en el Ministerio de Agricultura; además, la participación de altos representantes del gobierno en actuaciones dolosas; fraude en la loterías del país cuyos recursos deben destinarse a la salud; licitaciones amañadas de los contratos estatales en todos los órdenes y niveles de la administración, especialmente en algunos entes territoriales, hoy arruinados por obra y gracia de gobernadores y alcaldes que se sometieron, en muchos casos, a la voluntad del paramilitarismo y de otros actores; igualmente, el pago de obligaciones inexistentes a través de cuentas ficticias; para mencionar solo unos cuantos casos y modalidades[16].
En el mismo sentido, el Presidente Santos acaba de denunciar un millonario y sistemático fraude en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), relacionado con terceros que usan la información fiscal de su empresa para pedir millonarias devoluciones por exportaciones falsas y por este concepto el país deja de recibir al año 7,5 billones de pesos del recaudo global, que podría llegar a 70 billones de pesos[17].
3. ¿DÓNDE SE CONCENTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA?
La corrupción administrativa en Colombia, al igual que en otros países, ha permeado muchas organizaciones privadas y públicas, partidos políticos de todas las tendencias, así como actividades y procesos de diversa índole. No obstante, según Transparencia Internacional – Colombia[18], la corrupción en este país se concentra principalmente en:
- Procesos electorales, tanto nacionales como territoriales.
- Procesos de formulación, reglamentación e implementación de de las leyes y normas.
- La ejecución de los recursos públicos, principalmente en los procesos contractuales, tanto de obras públicas, como de bienes y servicios, especial, pero no exclusivamente, en sectores como concesiones viales, regalías y el sistema general de participaciones.
- Procesos de la realización de trámites oficiales, empresariales y personales.
- Procesos de contratación, carrera administrativa y evaluación del recurso humano en el sector público.
- La defensa jurídica del Estado.
- Procesos de investigación y sanción de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas, y de los órganos de control e investigación del Estado.
4. FACTORES CONDICIONANTES DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA.
Las causas de la corrupción administrativa son numerosas, complejas y de difícil análisis. En el caso colombiano existen, además, factores que la hacen aun más compleja, debido a que coexiste con otros fenómenos indeseables y degradantes del desarrollo y la calidad de vida como la ineficacia de la justicia, el narcotráfico y el conflicto armado. No obstante, en este trabajo se mencionan, solo con ánimo ilustrativo, los que a juicio del autor pueden ser los factores principales que favorecen la aparición y persistencia de este fenómeno en Colombia. Para una mayor comprensión de éstos, pueden clasificarse en dos grandes categorías de factores: los políticos y los administrativos.
4.1 FACTORES POLÍTICOS
Dentro de los factores políticos podemos señalar los siguientes:
4.1.1 Debilidad de la democracia y cultura política.
La democracia colombiana es excluyente, pues ofrece pocas opciones reales a la gran mayoría de ciudadanos para aspirar, ya sea a cargos de elección popular, o para elegir a conciencia a quienes rigen los destinos de la nación o de las entidades territoriales. Por demás, las campañas políticas se transforman en una feria de dádivas a los electores, por exigencia y tradición, lo cual transforma a los partidos en microempresas electorales que se asocian en empresas electorales para la búsqueda de la presidencia, una gobernación o una alcaldía importante. Por lo que se observa, no existen restricciones o garantías legales que no sean desbordadas por muchos de los actores políticos, situación que ha contaminado a movimientos de cualquier tendencia, llevando a las crisis de los partidos y que afectan su credibilidad. De esta manera, corrupción política y corrupción administrativa giran en el mismo sentido en círculos concéntricos: el poder lleva a la corrupción y ésta permite a la clase política perpetuarse en el poder.
4.1.2 Inadecuada financiación de los movimientos políticos.
Una costumbre arraigada en Colombia es la financiación ilegal de las campañas políticas. Unas veces porque se violan los topes autorizados –sin que quede registrado en la respectiva contabilidad- y otras porque el origen de algunos aportes es absolutamente «oscuro» y «misterioso». Por lo anterior, es un secreto a voces que se han constituido en el país empresas «fantasmas» que financian las campañas de algunos candidatos con opción a las corporaciones públicas y a los entes territoriales, con las terribles consecuencias que toda la nación conoce, como es la captura del aparato administrativo del Estado[19], especialmente lo relativo a la contratación.
4.1.3 Actitudes ciudadanas frente a la corrupción.
Con relación a este flagelo es natural que no todas las personas tengan las mismas actitudes. En el caso colombiano la evidencia empírica enseña actitudes de algunos ciudadanos de indiferencia: «lo público no tiene dueño», «no es asunto mío», «laissez faire»; de tolerancia como: «en el interior de país roban, pero hacen»; de reacción tardía como los bomberos: «castiguen al culpable»; del beneficio marginal u oportunista: «supo trabajar», «aprovechó su cuarto de hora;» y afortunadamente se asoma una actitud luchadora en algunos ciudadanos, que no toleran la corrupción y que valientemente se atreven a denunciarla, aunque desafortunadamente todavía no cuentan con los recursos suficientes o con la organización adecuada para un efectivo control lo cual es una la debilidad manifiesta del control social en el país.
4.1.4 Dificultades para acceder al servicio público.
En Colombia existen escasas posibilidades para los ciudadanos comunes y corrientes de acceder a los cargos públicos relevantes, cuando no se tiene un «padrino político» que apalanque el nombramiento correspondiente, de manera que muchos ciudadanos se ven en la necesidad de asumir ciertos compromisos con la dirigencia política para tener acceso a determinadas posiciones. En este sentido, pese a que la Directiva Presidencial Nº 10 del 20 de agosto de 2002 señala que el mérito es el principio rector en la selección de los servidores públicos que deben regir los destinos de Entidades del Estado, se tiene evidencia de que, en términos generales, la méritocracia todavía no se ha afianzado[20].
4.1.5 Conducta de los líderes políticos.
Es evidente que el comportamiento de los líderes políticos en Colombia ha exhibido una «doble moral» En este sentido se puede afirmar que existe cierto «fariseísmo» de los dirigentes públicos, cuyas actuaciones contrarían las cualidades o sentimientos que dicen tener. De manera que estas prácticas o malos ejemplos, generan, también, un aprendizaje o justificación social de las actuaciones irregulares en todos los órdenes y niveles.
4.2 FACTORES ADMINISTRATIVOS
Por otra parte, con respecto a los factores administrativos se destacan:
4.2.1 Un modelo de gestión de gobierno excluyente
En Colombia históricamente se ha impuesto un modelo de gestión de gobierno excluyente caracterizado por abusos de poder y autoridad, inequidad y sectarismo[21]. En muchos casos, los estilos de liderazgo y la incompetencia gerencial de los gobernantes afloran, al mejor estilo de Luis XIV «L'État, c'est moi», («el Estado soy yo»), un absolutismo, autocrático en las decisiones y excluyente en los beneficios para favorecer intereses mezquinos, pintados a veces con el color del sectarismo político.
4.2.2 Ineficacia e ineficiencia de las instituciones.
Todas las organizaciones públicas tienen un propósito misional claramente definido, el cual responde estratégicamente a la atención de ciertas necesidades sociales. Para el cumplimiento de esta misión las entidades –como toda organización- disponen de determinada gama de recursos, la cual debe utilizarse de manera eficiente, oportuna y económica. No obstante, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones que presenta la Contraloría General de la República[22], existen grandes fallas en la gestión de las entidades públicas colombianas, muchas de las cuales «se rajan» en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, equidad, ecología y efectividad, situación que, por decir lo menos, crea condiciones favorables a las prácticas irregulares de los servidores públicos.
4.2.3 Incapacidad de las instituciones para atender las demandas de la población.
Se trata en este caso de la existencia de una demanda superior a la oferta de servicios y bienes públicos, lo que es evidente, por ejemplo, en los casos de salud, educación pública –incluida la educación superior- y la vivienda, entre otros. Esta superioridad de la demanda sobre la oferta de bienes públicos genera presiones sobre las instituciones y sus políticas que, por efecto reflexivo, tocan las voluntades de quienes toman las decisiones pertinentes, en muchos casos, en contra del interés general. Esto fomenta el surgimiento de élites que gozan de inmensos privilegios políticos, económicos y sociales, con niveles de bienestar muy superiores a los de la mayoría del pueblo, situación que se complica con la formulación de estrategias inadecuadas para corregir ese desequilibrio, como por ejemplo, tratar de desestimular la demanda y no de estimular la oferta. En consecuencia, surge el tráfico de influencias y el soborno con el fin de facilitar el acceso al servicio buscado.
4.2.4 Baja remuneración de los servidores públicos.
Si bien es cierto que no se puede afirmar que los salarios bajos son causa directa de actuaciones irregulares de los servidores públicos, no es menos cierto que los exiguos sistemas de compensación de éstos constituyen un factor condicionante de las mismas, entendiéndose que quien solamente gana lo mínimo para vivir, puede en algún momento verse «tentado» de buscar algún «beneficio» irregular, desde la posición que tenga. Lo anterior no quiere decir, de ninguna manera, que la baja remuneración sea una condición per se para el latrocinio del patrimonio público, pues, se ha visto que los más grandes saqueadores del erario son funcionarios de muy alto rango.
4.2.5 Burocracia que responde a la racionalidad de la politiquería.
Desde la perspectiva weberiana, la burocracia constituye un tipo de organización eficaz y eficiente, concebida bajo el supuesto de racionalidad técnica y política, con una estructura dispuesta para el logro de los objetivos con el menor esfuerzo técnico y económico. Además, de las arcaicas y artesanales prácticas de gestión de la burocracia pública colombiana, se observa que la única racionalidad válida en este contexto es la de la politiquería, que por medio del clientelismo responde a las necesidades de consolidación y expansión de las denominadas «maquinarias políticas».
4.2.6 Debilidad de los órganos de control y de la justicia.
En la administración pública colombiana coexisten, por lo menos, siete tipos de control, a saber: el control político (ejercido por el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales), el control interno (que es el autocontrol en las mismas entidades), el control judicial (practicado por las altas cortes, los jueces y sus organismos auxiliares como la Fiscalía y el CTI), el control técnico-administrativo (realizado por los ministerios y superintendencias), el control fiscal (que es responsabilidad de las contralorías) y el control social (ejercido por la sociedad en general, en especial por las veedurías ciudadanas). No obstante, la República carece de un sistema nacional de control que disponga de políticas y estrategias unificadas, que generen sinergia en la lucha contra los delitos de la administración pública y, sobretodo, que afiancen una ética de lo público y una cultura de control en la sociedad.
Actualmente cada organismo actúa de manera independiente en atención a la autonomía que le otorgan la Constitución y la ley, con lo que se debilitan las acciones institucionales y se dificulta la lucha anticorrupción. Por demás, la baja probabilidad de descubrir a los agentes corruptos, así como la escasa posibilidad de castigo y resarcimiento del daño cuando son descubiertos, crean condiciones favorables para la aparición de la corrupción y una vía expedita para su desarrollo. Tal es el caso colombiano donde el riesgo de ser sancionado por prácticas irregulares es menor que los beneficios que se pueden lograr a través de la corrupción.
4.2.7 Inadecuada formación de los gerentes públicos.
Por último, para nadie es un secreto que existen grandes fallas en la idoneidad de muchos de los gerentes públicos colombianos. De acuerdo con la costumbre, se vinculan excelentes profesionales, idóneos desde el conocimiento disciplinar (médicos, ingenieros, abogados, etc.), pero no formados para ser gerentes. Por ello, es indispensable que estos directivos demuestren en el nivel de la excelencia que poseen competencias claves como liderazgo, habilidades de planeación y toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, así como, conocimiento del entorno, además de la voluntad política, indispensable para el éxito de la gestión pública.
5. PRINCIPALES IMPACTOS DE LA CORRUPCIÓN
La Convención Interamericana contra la Corrupción señala que «la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos».
En el mismo sentido, el documento Convenciones Anticorrupción en América: Lo que la sociedad civil puede hacer para que funcionen, se señalan los siguientes efectos de la corrupción en cualquier sociedad:
La corrupción causa pobreza y crea barreras que impiden superarla, afectando en mayor medida a las personas de escasos recursos, ya que éstas tienen menos posibilidades de enfrentarse a las barreras que les impiden, entre otros, acceso a servicios públicos básicos. Así mismo, por la asignación inadecuada de recursos y el consecuente retraso del desarrollo económico.
La corrupción viola los derechos humanos al distorsionar o neutralizar las instituciones y procesos políticos y debilitar las capacidades del poder judicial y de los agentes del orden. Además, vulnera los derechos económicos y sociales al impedir el acceso en condiciones de equidad a servicios públicos como la salud y la educación y distorsiona los procesos de toma de decisiones sobre la asignación de recursos.
La corrupción atenta contra la democracia. En los países democráticos, los individuos acaudalados o instituciones pueden ejercer una influencia desproporcionada en la política nacional, estatal y local por medio de la corrupción, situación que se presenta con grupos legales e ilegales que buscan influir en las grandes decisiones, lo que genera una pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones legítimas, tales como la compra de votos en las elecciones o de votos parlamentarios en asuntos como la tributación, distribución de recursos públicos, regulación comercial y otros.
El documento citado resalta que el soborno disminuye el crecimiento económico, contribuye al aumento de la pobreza, genera una pérdida de confianza que tiene efectos nocivos sobre la gobernabilidad y limita la competitividad a nivel internacional. En el sector productivo dificulta el crecimiento, reduce la inversión doméstica y extranjera, aumenta los costos de transacción, genera ineficiencia administrativa, disminuye la calidad de productos y servicios, crea desigualdad en las condiciones de competencia y afecta la reputación de las empresas.
La corrupción afecta el medioambiente cuando facilita el abuso del patrimonio natural y el mal uso de los recursos naturales, niega a la gente el derecho a un ambiente sano, así como la riqueza pública generada por los recursos naturales.
La corrupción es un instrumento del crimen organizado que toca diferentes facetas como el comercio de drogas y armas, así como en el tráfico de órganos y de personas.
La corrupción es un problema transfronterizo en un mundo globalizado, pues, estados, empresas y personas están cada vez más interconectados mediante el comercio, la inversión, las transacciones financieras y las comunicaciones. Esto hace que la corrupción en un país afecte a otros al interferir con las posibilidades de comercio e inversión; abre la posibilidad para el mal uso de ayuda al desarrollo; y se puede convertir en una amenaza para el estado de derecho en otros países cuando redes nacionales de corrupción actúan fuera de sus fronteras.
En América, como en otras regiones, el problema de la corrupción tiene varios componentes transnacionales. Los pagos de sobornos son, a menudo, tramitados y desembolsados en otros países; el producto de corrupción se oculta por medio del blanqueo de dinero en países vecinos. Esto se puede hacer vía depósitos a bancos extranjeros, adquisiciones transterritoriales o la transferencia de capital a nombre de empresas u organizaciones ficticias; y la ayuda al desarrollo no siempre se usa en lo que estaba previsto. Individuos involucrados en la corrupción pueden escapar de las autoridades, huyendo del país donde se están efectuando investigaciones o juicios, o donde se haya dictado una orden judicial.
Estas características son un signo evidente de que la corrupción debe abordarse a escala internacional y de que la cooperación entre países es esencial para prevenir, detectar y sancionar las acciones corruptas.
En el caso colombiano, en concreto, se tienen las siguientes cifras presentadas por el Zar Anticorrupción[23]:
"… en promedio, en Colombia, el soborno para acceder a la contratación es del 12.9 por ciento, si le aplicamos ese casi 13 por ciento a los 30 billones de pesos que destina el Estado para la contratación nos da 3.9 billones de pesos en sobornos, con los que se pueden pagar dos años de seguridad democrática, se podrían tener cerca de 180 mil viviendas de interés social, se pueden hacer mil cosas… ".
Según
· 84.4% de los empresarios se abstiene de participar en procesos de contratación con el Estado, porque considera que la competencia no es justa, que hay politización en el proceso de contratación y pagos no oficiales.
· 79.6% de los empresarios encuestados desconfía de sus competidores.
· 36.8% de los empresarios considera que la pérdida de valores éticos es la causa más relevante para la existencia de corrupción.
· 31.74% de los empresarios afirma que en un proceso de contratación con el Estado, los sobornos son solicitados por los funcionarios públicos y 16.92% considera que el empresario interesado es quien los ofrece.
· 28.4% de los empresarios recibió algún tipo de solicitud de dinero, favores o regalos a cambio de servicios por parte de un funcionario del Estado. Sólo denunció efectivamente el caso 8.52%.
Más recientemente y en el mismo sentido, la Revista Dinero y Gallup Colombia publicaron los resultados de una encuesta realizada en junio de 2011 entre empresarios en seis ciudades de Colombia para averiguar sobre su percepción respecto a la corrupción en el país y sobre la proximidad que puede tener el tema a su gestión empresarial. Entre los resultados se resaltan los siguientes[25]:
«50% de los encuestados considera que el nivel de corrupción en el país es muy alto y otro 33% que es alto; al mismo tiempo, 60% cree que la corrupción está aumentando; 70% cree que las licitaciones con el Estado ocurren en condiciones de muy baja transparencia; 23% afirma que conoce alguna empresa de su propio sector que ha ejercido tráfico de influencias en entidades estatales y 21% dice conocer una empresa que ha pagado sobornos».
6. LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
6.1 INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN COLOMBIA
El objetivo de la formulación de una política de Estado en materia de lucha contra la corrupción y su correspondiente plan de acción, es contar con instrumentos para ser utilizados por las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción pública en el marco de un Estado Social de Derecho.
En este propósito, diferentes gobiernos han ensayado la formulación de diversos instrumentos, desde la promulgación de normas hasta la creación de organismos o estructuras para combatir el flagelo, sin que a la postre se tengan resultados destacados. Estos instrumentos se relacionan a continuación:
Administración César Gaviria (1990-1994)
Consejería para la moralización
Oficinas de Control Interno
Nuevo estatuto de contratación
Nuevos Códigos Penal y de Procedimiento Penal
Extinción de dominio en caso de enriquecimiento ilícito
Administración Ernesto Samper (1994-1998)
Plan Transparencia para volver a creer
Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción
Sistemas de evaluación de gestión y resultados
Administración Andrés Pastrana (1998-2002)
Programa Presidencial del Lucha contra la Corrupción
Estrategia para el mejoramiento de la eficiencia la transparencia de la administración pública
Mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión pública.
Desarrollo del Sistema de Información para la vigilancia de la contratación estatal (SICE)
Creación del portal del Estado colombiano
Administración Álvaro Uribe (2002-2010)
Modificación a la Ley 80 de 1993
Consejos comunales abiertos a la participación de todos los ciudadanos
Auditorías visibles
Promoción de la cultura de rendición de cuentas
Gobierno en línea territorial
Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas
Cabe destacar que desde el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción es la clave de la política anticorrupción en Colombia. El artículo 72 de la Ley 1474 de 2011 le asigna las siguientes funciones:
- Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente de la República.
- Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia.
- Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.
- Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder y órganos de control en el nivel nacional y territorial.
- Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus indicadores, para diseñar políticas públicas.
- Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado para la lucha contra la corrupción.
- Solicitar ante la entidad pública contratante la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de cualquier contrato estatal cuando existan serios motivos de juicio para inferir que durante el procedimiento precontractual se pudo haber presentado un delito o una falta disciplinaria grave.
Desde el sus inicios, los principales instrumentos de esta política han sido los siguientes:
Auditorías visibles: es un programa que diseñó el Gobierno Nacional para controlar la ejecución de los recursos en los departamentos y municipios que reciben regalías derivadas del crudo, en el cual la ciudadanía participa de una manera activa. Serán los beneficiarios inmediatos de obras en los sectores de educación salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, restaurantes escolares y servicios públicos quienes vigilen y controlen la ejecución de las obras. Con esta herramienta se buscó que los proyectos de infraestructura pública se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el contrato de cada obra y evitar que se cometan irregularidades en el proceso de ejecución y construcción de los mismos.
Pactos de Transparencia y Buen Gobierno: Son un instrumento para que la función pública se desarrolle de acuerdo con lo que la sociedad espera de ella, con el propósito de que los ciudadanos puedan depositar su confianza en los responsables del servicio público y en los mecanismos existentes para corregir los comportamientos que no estén a la altura de la democracia y de los fines esenciales del Estado.
Los acuerdos de autorregulación empresarial: Son manifestaciones de la voluntad del sector privado por elevar sus índices de transparencia y legalidad en busca de confianza. Al respecto Transparencia por Colombia, señala que consciente de la importancia de la participación decidida del sector empresarial en la construcción de entornos éticos que cierren el paso a la corrupción, ha promovido la difusión y adhesión a los «Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno» a través de gremios y empresas con capacidad de influir en sus redes de proveedores y contratistas y ha impulsado la consolidación de «acuerdos sectoriales» hacia la definición e implementación de medidas de prevención del soborno.
Pactos por la Transparencia: Es un acuerdo de voluntades suscrito entre alcaldes y gobernadores con la ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas y el Programa Presidencial actuando como testigo. El gobernante que suscribe el Pacto por la Transparencia, adquiere el compromiso de adelantar su gestión transparente bajo unas condiciones previamente acordadas, que tienen como componente fundamental un alto grado de participación ciudadana, con el fin de fortalecer y consolidar el control social de lo público.
6.2 LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS.
Respondiendo al interés del gobierno[26], el Capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo, Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática, contiene una propuesta de lucha contra la corrupción y participación ciudadana, lo cual constituye un buen avance y, tal vez, el comienzo de la formulación de una política integral de Estado para combatir este flagelo. En este propósito el plan expresa:
Colombia requiere una nueva formulación e implementación de una política pública integral que involucre al sector privado, la sociedad civil y contemple mecanismos de evaluación y seguimiento de la política. Esto, implica profundizar de manera significativa en el conocimiento del fenómeno de la corrupción; generar las líneas de base de su medición; establecer en forma explícita las conductas que generan beneficios indebidos en detrimento de la comunidad; identificar los aspectos, procesos y oportunidades que facilitan focos o actos de corrupción; e introducir correctivos y acciones que impidan la realización de actos corruptos.
Se señala, igualmente, que ésta será una política de Estado que se construirá con la participación de todas las ramas del poder, incluyendo los niveles nacional, departamental y municipal, los órganos de control, así como actores del sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Se anuncia, así mismo, que desarrollarán los siguientes componentes: medidas preventivas, investigación y sanción y coordinación interinstitucional.
En efecto, el Presidente Juan Manuel Santos presentó al Congreso el proyecto que acaba de convertirse en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Esta ley ha generado grandes expectativas y será el soporte legal esencial para afrontar la lucha contra este flagelo en los próximos años.
Por su parte la organización no gubernamental Transparencia por Colombia considera que es necesario implementar una política integral de Estado de lucha contra la corrupción, la cual, para que sea efectiva debe tener en cuenta los siguientes lineamientos[27]:
- Involucrar a las tres ramas del poder público, a los órganos de control y a las entidades territoriales del orden nacional, departamental y municipal.
- Establecer estrategias definidas y explícitas para todas las instancias y autoridades estatales, con metas verificables y parámetros de medición concretos sobre las políticas, programas y los funcionarios.
- Crear grupos especializados de investigación para los diferentes tipos de corrupción.
- Establecer facilidades, garantías y mecanismos de protección para funcionarios y ciudadanos que denuncien actos de corrupción.
- Implementar mecanismos y procesos obligatorios de transparencia y rendición de cuentas permanentes y en tiempo real, no solo sobre resultados, sino sobre procedimientos y procesos.
- Garantizar el derecho de acceso a la información como un factor fundamental para luchar contra la corrupción y diseñar los sistemas, mecanismos y procedimientos para que esta sea permanente, completa, accesible y comprensible.
- Promover e incentivar la participación ciudadana y el control social sobre los recursos y las políticas públicas.
- Promover y garantizar la participación ciudadana, del sector privado y de los medios de comunicación, tanto en la formulación de las políticas anticorrupción, como de su ejecución y seguimiento.
- Garantizar la autonomía política y presupuestal del órgano nacional de prevención y coordinación de políticas de lucha contra la corrupción.
- LA CALIFICACIÓN DE COLOMBIA
Hasta ahora es claro que desde el gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales se han hecho esfuerzos para combatir la corrupción. Sin embargo, es evidente, también, que han sido poco alentadores los resultados alcanzados. En el año 2010 Colombia fue ubicada en el puesto 78 y calificada con 3,5/10 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) por Transparencia Internacional[28], la calificación más baja desde 2001, por debajo de Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Brasil, El Salvador y Panamá.
Por otra parte, este flagelo se ha convertido en una barrera importante para la competitividad internacional del país. En el último Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia aparece clasificada en el puesto 106 entre 139 en lo que se refiere al uso de recursos públicos para propósitos diferentes a los asignados; en el puesto 90 en cuanto a pagos irregulares y sobornos; y en el puesto 118 en cuanto a favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos[29].
Con relación a estas calificaciones, puede colegirse que las mismas representan importantes limitaciones para hacer negocios en Colombia y, por supuesto, una de las principales barreras para superar el retraso en competitividad del país, aun por encima de otros elementos considerados estructurales para el desarrollo, como el inadecuado suministro de infraestructura o la regulación laboral.
En el plano nacional el informe de Transparencia por Colombia de 2010[30] señala las entidades con mayor riesgo de corrupción en el periodo 2008-2009, así: Senado de la República, Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó - COD ECHOCO, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – CORPOMOJANA, Registraduría Nacional del Estado Civil, Departamento Administrativo de ciencia tecnología e innovación - COL CIENCIAS, Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Comisión Nacional de Televisión, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Córdoba, Universidad Surcolombiana de Neiva, Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, Cámara de Representantes, Universidad de la Amazonía.
8. PROPUESTA PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN SOSTENIBLE.
Como se ha expuesto en las secciones anteriores en el caso colombiano la corrupción interactúa con otros fenómenos indeseables y degradantes de la calidad de vida y de la gobernabilidad, tales como la ineficacia de la justicia, el narcotráfico y el conflicto armado, lo que hace más complejo su estudio y manejo.
Para una efectiva política anticorrupción se requiere un esfuerzo especial para formular una política y un compendio de estrategias coherentes con las políticas públicas para enfrentar el fenómeno, las cuales deben articular los esfuerzos de los distintos actores en el marco de un consenso social, con reglas claras, una institucionalidad fuerte, un gobierno transparente y decidido, un sector privado comprometido con el desarrollo y una ciudadanía responsable y consciente de sus deberes y derechos.
Dado que el problema de la corrupción afecta a toda la sociedad, la lucha contra ella no puede ser exclusiva del gobierno, sino de todos los actores sociales. Por ello, toda política y estrategia que se diseñen deben, en primer lugar, ser coherentes con las políticas públicas macro, y en segundo lugar, incorporar a todos los actores, instituciones públicas y privadas, organizaciones y ciudadanos conscientes y dispuestos para emprender una lucha frontal, sistemática y continua contra el fenómeno; así, también, debe apuntarle a las causas y factores condicionantes y no simplemente a mitigar los impactos del mismo.
Por lo anterior, se proponen los siguientes lineamientos de la política pública anticorrupción:
8.1 LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Se propone la modernización del Estado mediante la implementación de modelos de gestión, que privilegien las competencias del talento humano, con la aplicación de nuevos enfoques de liderazgo, participativo y estimulante, la incorporación de tecnologías inteligentes y sistemas de evaluación de gestión integral que garanticen la calidad de los procesos y productos. Esto permitirá hacer un seguimiento a la gestión, al tiempo que se incentivará el talento por medio de un sistema de méritos, que vaya más allá de la formalidad de la carrera administrativa. Al respecto, vale la pena resaltar que las normas no son suficientes, pero, en el marco legal vigente podrían adelantarse las acciones necesarias para avanzar.
De acuerdo con Tohá y Solari[31], la modernización del Estado debe concebirse como un proceso de constitución de ciudadanía y de optimización de los recursos públicos. En este sentido, el proceso de modernización de las entidades estatales en Colombia debe trascender las tradicionales herramientas de gestión implementadas en el país, algunas de éstas sin resultados efectivos como: el sistema de desarrollo administrativo, el sistema de gestión de calidad (Norma NTCGP 1000:2004), el modelo estándar de control interno –MECI, el Sistema de Información para la vigilancia de la contratación estatal – SICE, Gobierno electrónico, etc.
Lo que se propone aquí es recrear la racionalidad de las empresas privadas, teniendo en cuenta algunos criterios de gestión que han sido efectivos en este tipo de organizaciones, tales como: la orientación de la gestión a la misión y ésta a la satisfacción plena de los usuarios; el establecimiento de incentivos y sanciones de tipo económico, profesional e institucional; sistemas de control de gestión que incluya la opinión del cliente; la incorporación por méritos (eliminado la politiquería) , evaluación de la gestión y confirmación y revocación de los directivos. Paralelamente, incentivar un mayor compromiso de los gerentes; buscar un nuevo equilibrio entre la flexibilidad y los reglamentos; establecer una nueva relación con la ciudadanía; y revitalizar el sentido de la función pública.
Si de acuerdo con los postulados del new public management[32], es procedente y recomendable adaptar las prácticas de gestión exitosas en el sector privado, es necesario incorporar al servicio público verdaderos gerentes, cambiando el rol y el perfil de estos directivos, privilegiando en ellos sus capacidades gerenciales y de liderazgo.
8.2 COMPROMISO DE ASOCIATIVIDAD CON EL SECTOR PRIVADO.
La lucha contra el flagelo de la corrupción exige un mayor compromiso del sector privado, en el entendido de que gran parte de la que afecta al sector estatal proviene de agentes privados que pretenden beneficiarse de los favores del Estado. Si la empresa privada y la sociedad en general renunciaran a los sobornos con que «tientan» a los servidores públicos, estaríamos dando un paso esencial en la lucha contra este fenómeno.
8.3 EXIGENCIAS MÍNIMAS PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS Y MÉRITOCRACIA.
La Ley 190 de 1995 pretendió ejercer un control sobre la incorporación del talento humano en el servicio público, creando ciertas exigencias en los procesos de reclutamiento, selección y registros de servidores y contratistas, entre otros aspectos. Sin embargo, no existe en el país un régimen riguroso para la vinculación al servicio público, diferente a los establecidos en las dispersas normas actuales. La propuesta consiste en incorporar exigencias relativas a la formación académica e idoneidad moral de los gerentes y demás servidores públicos, que trasciendan, igualmente, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes. Además, es necesario y urgente aplicar el principio del mérito establecido por la Ley 909 de 2004, la cual contempla que el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos, entre otros principios.
8.4 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y LA JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.
Ya se mencionó la debilidad manifiesta de los organismos de control y de justicia en el país, razón por la cual es necesario unificar las políticas, las estrategias y las acciones claves para combatir la corrupción, creando instancias únicas, interinstitucionales que desemboquen en fallos únicos o uniformes. Este fortalecimiento en lo misional debe partir de procesos de ajustes internos en la búsqueda del mejoramiento continuo de técnicas y procedimientos de investigación y prueba de los delitos contra la administración pública. El Sistema Nacional de Control deberá aglutinar, instituciones, recursos, normas, políticas, estrategias, procedimientos y acciones en el propósito superior de controlar la corrupción administrativa.
8.5 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL
Las veedurías ciudadanas no pueden seguir siendo convidadas de piedra, ante el tenebroso panorama de la corrupción. En este sentido las redes de veeduría, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros organismos y ciudadanos deben articularse entre sí y con las instituciones pertinentes para disponer de sinergias y una mayor probabilidad de éxito para enfrentar el flagelo de la corrupción.
8.6 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Mientras no existan recursos y acciones oficiales para financiar las campañas políticas, existirá el riesgo latente de que aparezca el «mercado negro» de la financiación política. La idea es que los ciudadanos comunes y corrientes puedan aspirar a los cargos de elección popular, contando con el apoyo económico del Estado para adelantar las respectivas campañas políticas.
8.7 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA EN TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
Es necesario educar desde la más temprana edad en valores y principios clave de la democracia y el desarrollo humano. Solo una sólida formación en valores preparará a las sociedades para defender el patrimonio público, mediante el consenso, la generación de una cultura de control y la sanción social.
8.8 MEJORAR EL NIVEL SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y/O USAR INCENTIVOS.
El uso de sistemas de compensación más acordes con las necesidades de los servidores públicos deberá mejorar los niveles de motivación y compromiso de éstos. Este mejoramiento cuantitativo deberá también estar en correspondencia con la mejora cualitativa de la calidad del servicio público.
8.9 CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SECTOR PÚBLICO.
El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Comprende diferentes aspectos regulatorios y organizacionales que en la medida en que sean adecuadamente implementados en una organización, le puede permitir a ésta atraer y retener capital financiero y humano, funcionar en forma eficiente y, así, crear valor económico y social para sus stakeholders: gobierno, clientes, propietarios, proveedores, trabajadores, competidores, sociedad en general. Es, de alguna manera, la declaración de un compromiso ético, que va más allá de los muy usuales y nunca aprendidos códigos de ética institucionales. Su implementación en la administración pública parece promisoria.
8.10 CREACIÓN DE ESCENARIOS APROPIADOS DE CONCERTACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
De manera que los ciudadanos puedan ser agentes activos y proactivos en el ejercicio de la participación, no solo como agentes del control, sino desde otros momentos claves de la gestión pública como la planeación y la toma de decisiones en diversas instancias de las políticas públicas. Este ejercicio interactivo entre la sociedad y sus gobernantes, debe ofrecer los espacios y canales adecuados para el escrutinio público de las acciones del gobierno y del servicio público, así como facilitar el reconocimiento y la denuncia de las prácticas corruptas.
8.11 COMPROMISO Y VOLUNTAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN.
Se debe tener conciencia que las normas por sí solas no resuelven los problemas; éstas requieren para su aplicación de otras dos condiciones críticas: voluntad política plena y cultura de gestión innovadora.
8.12 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
En un mundo globalizado, donde las prácticas criminales también se han universalizado, se requiere de la cooperación de la comunidad internacional para cerrarle espacios a la corrupción[33]. En este sentido es necesaria la total visibilidad de los paraísos financieros y el establecimiento de pactos, alianzas y compromisos entre los Estados para intercambiar no solamente información, sino adelantar con fundamento legal, las acciones judiciales orientadas a desenmascarar, responsabilizar y sancionar las prácticas venales de la administración pública, que fácilmente trascienden las fronteras de cualquier país.
- CONCLUSIONES
La lucha contra la corrupción en Colombia es en extremo compleja, pues ésta coexiste y se condiciona mutuamente con otros fenómenos indeseables como la ineficacia de la justicia, el conflicto armado y el narcotráfico, por lo que una política de Estado integral debe involucrar a toda la sociedad en su conjunto y sus múltiples actores, en un marco social amplio que involucre un mayor compromiso del sector privado y una mayor voluntad de los gobiernos nacional y territoriales.
Por otra parte, la política estatal anticorrupción en Colombia se encuentra en un nudo critico para su aplicación, pues en la práctica se evidencia que las instituciones que enfrentan el problema y procuran su control tienen escaso manejo y gobernabilidad sobre el mismo, mientras que cuando son los organismos de control, los que lo enfrentan están mediados por la cultura e intereses políticos y administrativos reseñados en este trabajo.
Sin embargo, hoy existen importantes instrumentos y actores relevantes para enfrentar la corrupción, como el nuevo Estatuto Anticorrupción y las organizaciones públicas privadas comprometidas en la lucha contra este flagelo, entendiendo que las normas por sí solas no son suficientes si no existen servidores públicos competentes, probos y honestos, así como un sector privado comprometido con la sociedad.
Finalmente es innegable que superar este complejo fenómeno, implica la búsqueda de unas nuevas tácticas y actitudes. Empero, es evidente que su origen o punto de control se encuentra en la conciencia de los individuos, por lo tanto es necesaria la exploración de mecanismos que afecten la imagen del beneficio particular de la corrupción (socialmente aceptada en algunos casos) mediante la exposición de los beneficios generales de la sociedad en caso de superar la corrupción administrativa.
Bajo esta perspectiva, y considerando que los beneficios tienen su origen y destino en los sectores líderes del país, la superación del problema implica el cambio de la mentalidad directiva y política de nuestra élite y despertar la conciencia de nuestros ciudadanos, que es el sustrato democrático de los cambios sociales que requiere nuestro país en la gestión gubernamental y en la competitividad de sus procesos productivos, pues si los sectores económicos tienen entre su rentabilidad esperada los beneficios de las operaciones fraudulentas, difícilmente podrán lograrse pacíficamente por la vía administrativa o política las aspiraciones sociales de una menor corrupción.
Estaremos por lo tanto ante un nuevo generador de violencia, como ha sido la experiencia del narcotráfico que por la vía violenta ha impedido que el estado disminuya sus actividades en las últimas décadas de la vida colombiana.
BIBLIOGRAFÍA
Arbeláez, O. Una década de corrupción. El Colombiano, 15-04-2000, p. 10A.
Arcila, O. Aproximación Teórica y Metodológica para Estudiar el Fenómeno de la
Corrupción. Cap. I. Riesgos de Corrupción en la Administración Pública. DAFP. 2000.
Caiden, G. Toward. A General Theory of Official Corruption, Asian Journal of Public Administration, Vol. 10, Nº 1, 1988.
Cepeda, F. La Corrupción Administrativa. TM Editores. Santafé de Bogotá. D. C. 1994.
Colombia. Auditoría General de la República. Boletín Informativo No. 1. Bogotá, 01-08-2003. En: http://www.auditoria.gov.co/9_documentos/6_1_auditemas_1.pdf
Colombia. Confecámaras. Encuesta de Probidad III.2006.
Colombia. Contraloría General de la República. Informe de gestión 2007-2008, Hacia la excelencia en la gestión fiscal. En www.contraloríagen.gov.co. Acceso: 21-07-2009.
Colombia. DNP. Plan Nacional de Desarrollo. En: www.dnp.gov.co. Acceso. 25-06-2011.
Colombia. Presidencia de la República. Corrupción, Desempeño Institucional y Gobernabilidad: Desarrollando una Estrategia Anticorrupción para Colombia, Informe, 2000.
Colombia. Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y de lucha contra la corrupción.
Colombia. Presidencia de la República. Propuesta de una política de Estado para el control de la corrupción.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Convención Interamericana Contra La Corrupción
Convenciones Anticorrupción en América: Lo que la sociedad civil puede hacer para que funcionen.
Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: www.rae.es. Acceso: 20-06-2011.
Encyclopedia of the Social Sciences. Disponible en www.actualicese.com. Acceso: 01-06-2011.
Garay, L. y otros. La reconfiguración cooptada del Estado: Más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado. Disponible en http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals. Acceso: 29-07-2009.
Goverment and Development, 1992, p. 13-28 y 39-46.
Heindeheimer, A. et. Al. Political Corruption, New Brunswick, USA, transaction Publishers, 1989.
Martínez, C. Teoría Avanzada de Organización y Gestión. Bogotá D. C. Universidad Nacional de Colombia. 2005.
Nye, J. Corruption and Political Development: A Cost Benefit. American Sciences Review.1967.
OCDE. Guidelines for Multinational Enterprises, 1976.
ONU. Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción
Plan Transparencia, Para Volver a Creer. 1999. En Actualicese.com. Acceso: 01-07-2010.
Philp, M. Defining Corruption: An Analysis of the Republic Tradition, Mennagio, IPSA.1987
Pocock, J. A Machiavelli, Harrington and English Political Ideologies in the Eighteen Century, 3a.ed. 1965.
Revista Cambio. 23-01-2009. Diez formas de robarse el país.
Tirado M., Álvaro Introducción a la Historia económica de Colombia. El Ancora Editores. 14ª edición. Bogotá.1983.
Tohá, C. y Solari, R. 1996. La Modernización del Estado y la Gerencia Pública.
www.fes.org.ar/publicaciones. Acceso: 20-04-2008.
Transparencia por Colombia. Índice de Transparencia Nacional. Resultados 2007-2008, 2009. 2010.
http://www.elnuevodia.com.co: 13-07-2009. Acceso 21-07-2009
http://www.transparency.org/. Corruption Perceptions Index. 2010.
http://www.elcolombiano.com/.../corrupción. Corrupción, Desempeño Institucional y Gobernabilidad: Desarrollando una Estrategia Anticorrupción para Colombia (2000). 05-02-2000. Acceso: 21-07-2009.
www.eltiempo.com. Fecha de consulta: 13 de julio de 2011
http://www.anticorrupcion.gov.co/noticias/2009/junio/090605a.asp. Acceso: 23-07-2009
[1] Ver, por ejemplo a J.S. Nye, 1967; J.G. Pocock, 1965; A. Heindeheimer, 1970; F. Cepeda, 1994.
[2] Según O. Arcila (2000, 4 y 5) “la razón puede hallarse en la complejidad de los elementos que condicionan, integran o constituyen la naturaleza de la fenomenología de la corrupción, y en las características, formas y modalidades que adoptan las prácticas corruptas en una cultura particular, propia de un momento histórico determinado, y no a una posible incapacidad de los estudiosos para hacerlo”.
[3] Por ejemplo, definiciones centradas en el servicio público, en el mercado y en el interés público.
[4] Caiden, G. Toward. A General Theory of Official Corruption, Asian Journal of Public Administration, Vol. 10, Nº 1, 1988.
[5] Disponible en: www.rae.es.
[6] Nye, J. Corruption and Political Development: A Cost Benefit. American Sciences Review.1967
[7] Encyclopedia of the Social Sciences. Disponible en www.actualicese.com. Acceso: 01-06-2011.
[8] Plan Transparencia, Para Volver a Creer. 1999. En Actualicese.com. Acceso: 01-07-2010
[9] Cepeda, F. La Corrupción Administrativa. TM Editores. Santafé de Bogotá. D. C. 1994.
[10] Argumentos que, por supuesto, no tienen asidero científico y que se descartan de plano en este trabajo.
[11] «1. El empleado en la hacienda pública nacional a quien se le justificare sumariamente fraude o mala versación en los intereses públicos o resultare alcanzado, se le dé a las provincias y a la dirección general para su exacto cumplimiento, la pena de muerte sin necesidad de formar más proceso que los informes de los tribunales». (Ibíd. 1).
[12] «Artículo 1º. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos ($10.00) arriba, queda sujeto a pena capital». (Ibíd. 1).
[13] Ver Auditoría General de la República. Boletín Informativo No. 1. Bogotá, 01-08-2003. En: http://www.auditoria.gov.co/9_documentos/6_1_auditemas_1.pdf.
[14] Tirado M., Álvaro. Introducción a la Historia económica de Colombia. El Ancora Editores. 14ª edición. Bogotá.1983.
[15] Información tomada de diversas fuentes, especialmente de la prensa y revistas nacionales. Ver igualmente Omaira Arbeláez. “Una década de corrupción”. El Colombiano, 15-04-2000, p. 10A
[16] Casos de corrupción en Colombia. En: http://www.caracol.com.co. Fecha de consulta: 29/06/2011.
[17] www.eltiempo.com. Fecha de consulta: 13 de julio de 2011
[18] Ver: www.transparenciaporcolombia.org . Fecha de consulta: 30/06/2011.
[19] Según Garay L. la Captura del Estado se define como un tipo de corrupción en el que agentes privados legales intervienen durante la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas, con el propósito básico de obtener beneficio económico para su propio provecho particular egoísta. En www.transparenciacolombia.org.co.
[20] Según el ITN 2007-2008, los resultados de las Entidades Públicas Nacionales muestran que el indicador con menor promedio es el de selección por mérito con 52.4/100.
[21] Nos referimos a todos los gobiernos de la República, algunos de los cuales han tenido un mayor matiz autocrático.
[22] Ver Informe de gestión 2007-2008, Hacia la excelencia en la gestión fiscal. Contraloría General de la República, en www.contraloríagen.gov.co.
[23] Declaraciones de Óscar Ortiz González, Zar Anticorrupción, 13-07-2009, en http://www.elnuevodia.com.co.
[24] Confecámaras. Encuesta de Probidad III.2006
[25] Ver Revista Dinero. En: www.revistadinero.com. Fecha de publicación 07/07/2011. Fecha de consulta: 08/07/ 2011.
[26] DNP. Plan Nacional de Desarrollo. En: www.dnp.gov.co. Acceso. 25-06-2011.
[27] En: www.transparenciapor colombia.org. Fecha de consulta: 29-06-2011.
[28] En: http://www.transparency.org/. Corruption Perceptions Index. 2010.
[29] Ver Índice Global de Competitividad. 2010-2011. Foro Económico Mundial. En: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness. Fecha de consulta: 08/07/2011
[30] Transparencia por Colombia. Índice de Transparencia Nacional. Resultados 2007-2008, 2009. 2010.
[31] Tohá, C. y Solari, R. 1996. La Modernización del Estado y la Gerencia Pública. En:
www.fes.org.ar/publicaciones. Acceso: 20-04-2008.
[32] C. Martínez señala que: En concordancia con las políticas del Consenso de Washington, los avances teóricos en gestión pública acogen los criterios del new public management, que se basa en el supuesto de que el sistema de gestión efectivo para las empresas de negocios también es válido para mejorar la eficiencia del Estado 25).
[33] La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción considera en su Preámbulo que este fenómeno «ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella».
